El término “Responsabilidad Social” aparece, en la mayoría de ocasiones, ligado a la actuación de las empresas -en particular- mineras, que lo han usado en repetidas ocasiones para justificar y explicar los beneficios y oportunidades de desarrollo que giran en torno a la gestación de proyectos mineros. Sin lugar a dudas, las obras realizadas en los pueblos de su influencia, así como los regalos y dádivas para los miembros de comunidades y la participación o aportes en algunos proyectos sociales, son algunas de las cuestiones que se configuran como parte de esta “política” que las empresas suelen aplicar. Pero, ¿ha mejorado verdaderamente la percepción de la población en general respecto a la empresa como actor y su rol en la sociedad? La respuesta, mostrada en reiteradas oportunidades, parece ser obvia.

Es común en nuestro país, sobre todo en minería, se realicen inversiones que tengan por finalidad mejorar algún aspecto en la vida de las comunidades de la zona de influencia del proyecto o de las autoridades locales (“stakeholders”). Estas inversiones forman parte de una política corporativa de las empresas para poder hacer viable la actividad empresarial compensándolos o retribuyéndoles, y así evitar posibles contingencias con las comunidades de la zona de influencia o “stakeholders”.